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SITUACIÓN JURIDICA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN MÉXICO

El Comercio Electrónico se concreta a operaciones de compra venta de mercancías o de prestación de servicios. Dichas operaciones son contratos los cuales tienen una regulación jurídica, específica y propia, mismos que generan derechos y obligaciones entre las partes contratantes.

Lo importante es tratar aquí si el comercio electrónico puede ser tratado en México con las mismas reglas y principios que las compraventas realizadas por otros medios o si es necesaria una regulación específica y con qué contenido.

Las reglas que actualmente operan para los contratos de compraventa, así como a sus actos preparatorios (oferta y aceptación) en principio son aplicables directamente a las compraventas hechas por medios electrónicos. El uso de esta tecnología de ninguna manera altera la naturaleza del contrato ni el contenido general de las obligaciones, derechos y responsabilidad que se generan para las partes.

Las compraventas nacionales se rigen por lo establecido en el Código de Comercio y en el Código Civil y también por la Ley Federal de Protección al Consumidor cuando son hechas a usuarios finales de las mercancías. De conformidad con estas leyes, los mensajes electrónicos pueden ser considerados ofertas a personas determinadas o bien ofertas al público.

El Código Civil no precisa que las ofertas hechas al público deban hacerse con una forma o por un medio determinado; simplemente afirma que el hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio, obliga al dueño a sostener su ofrecimiento. Por lo anterior, si en una página de Internet o en una tienda virtual se hace oferta de mercancías, con su identificación y descripción adecuada, a un precio determinado, existe en términos jurídicos una oferta al público que obliga al que lo hizo a sostenerla.

México actualmente tiene una legislación que proporciona suficiente seguridad para que la práctica del comercio electrónico pueda llevarse a cabo, ya que desde el punto de vista sustantivo, en la legislación mexicana que rige a las operaciones de compraventa no se establece impedimento alguno para que los mensajes electrónicos puedan surtir efectos jurídicos como aceptación y oferta, ni para que se perfeccione un contrato por ese medio. Una opción para solventar cualquier problema procesal, será acudir al procedimiento arbitral.

La seguridad de los operadores de comercio electrónico depende principalmente de que sus páginas o tiendas virtuales tengan la información jurídica adecuada y necesaria para el tipo de ventas que pretenden realizar. Para esto, es necesario definir si la oferta de bienes se hace solamente en el ámbito nacional o se extiende al internacional, si son ofertas a comerciantes o a consumidores y si son ofertas al público o a personas determinadas.

Una mayor seguridad jurídica se puede obtener en ofertas hechas a personas determinadas, respaldadas en contratos escritos en los que se precisen condiciones de venta, reglas que rigen al contrato, sumisión a un tribunal arbitral para el caso de controversias.

Las ofertas al público para ventas entre comerciantes, también pueden tener suficiente seguridad, si las ofertas se acompañan de una indicación clara de las condiciones de venta, las reglas que rigen al contrato, la remisión a un tribunal arbitral y están estructuradas de modo que no puedan ser modificadas por una aceptación parcial. Puede ganarse seguridad pidiendo que a cada comunicación corresponda un mensaje electrónico de acuse de recibo.

Las ofertas al público consumidor nacional pueden ser seguras si respetan todos los requisitos previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor relativos a la publicidad de ofertas y a los contratos de adhesión, pero en la solución de conflictos deberá intervenir primero necesariamente la Procuraduría Federal del Consumidor y posteriormente acudir a un procedimiento arbitral.

Las ofertas al público consumidor a nivel internacional son las menos seguras porque no puede definirse de antemano cual será la ley aplicable ni cuáles serán los derechos que pueda alegar el consumidor.

La aprobación de una ley de comercio electrónico con base a la legislación marco internacional no modificará sustancialmente esta situación, pero facilitaría el reconocimiento de mensajes electrónicos como medio de formación del contrato y medio de prueba del mismo. Especialmente, impedirá que puedan ser presentados como medios de prueba ante los jueces.

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